Editorial julio


La vivienda en condominio es ya una realidad contundente en las ciudades del país. Esta figura de propiedad ha sido elegida prácticamente por todas las instituciones públicas, privadas y sociales que se dedican a la producción de la vivienda, para darle certeza jurídica a sus propietarios. En la Ciudad de México contamos con aproximadamente 100 mil edificios, con 2 departamentos o más, escriturados como condominios. Un millón y medio de viviendas en la ciudad están escrituradas bajo este régimen de propiedad. Lo anterior implica un reto enorme para cualquier gobierno, porque se trata de normar correctamente la convivencia vecinal al interior de los edificios que la contienen. Aunque esta figura de propiedad se estableció en el Código Civil desde el año de 1954, los desarrolladores urbanos adoptaron esta modalidad para la construcción de vivienda media alta. Es hasta el año de 1972 en adelante que este tipo de propiedad toma plena vigencia en nuestro país. Desde esa época, el Estado Mexicano decidió cambiar definitivamente el rostro del país hacia su urbanización, concentrando a sus habitantes en las ciudades capitales para así poder darles un empleo y dotarlos de los servicios de educación, salud y vivienda, entre otros. Tal vez no era la mejor opción, pero el país apostó por ello. Este proceso de urbanización se acompañó de la construcción masiva de vivienda en grandes unidades habitacionales por parte de las instituciones gubernamentales recién creadas para ello, como el FOVISSSTE y el INFONAVIT, principalmente, con la finalidad de cumplir y ampliar el derecho de los trabajadores del país de contar con una vivienda digna. El esquema para su asignación fueron los créditos blandos liquidables a treinta años, y mientras se pagaba la vivienda, en los mismos recibos de cobro se pagaba el mantenimiento de las áreas comunes, generando con ello bolsas de recursos suficientes que le permitían a las instituciones mantener en buen estado los inmuebles hasta su desincorporación total. Los problemas vinieron después de entregada y escriturada la vivienda en su totalidad, cuando los condóminos debían asumir la responsabilidad de seguir manteniendo en buen estado sus inmuebles, sin haber recibido una educación previa en materia de derechos y obligaciones con respecto a vivir en condominio; y mucho peor, sin una autoridad que le diera seguimiento a los problemas que se derivan de la convivencia en los condominios de la ciudad. Por eso, en la Procuraduría Social existe un programa especial que atiende los problemas de mantenimiento mayor que los condóminos no pueden pagar en las unidades habitacionales de la ciudad, que al día de hoy atiende a mil 305 conjuntos habitacionales que cuentan con 189 mil 797 viviendas.

Patricia Ruiz Anchondo

Procuradora Social