La Prosoc promueve los valores condominales y defiende los derechos ciudadanos

Atiende a más de un millón de unidades habitacionales y condominios.

Defiende a los capitalinos en materia de servicios públicos.

Por: Juan Otero


Promover la cultura condominal en las unidades habitacionales y garantizar a la ciudadanía el derecho a un buen gobierno son los ejes rectores de la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc) creada en enero de 1989. Si bien desde sus orígenes se estableció que su ámbito de competencia radicaba en la atención de las quejas ciudadanas y los conflictos condominales, no fue sino hasta el 5 de febrero del 2017 que estos acuerdos quedaron plasmados en la Constitución Política de la Ciudad de México.

A 30 años de existencia, su tarea se ha incrementado. Datos del Catastro y del Registro Público de la Propiedad (RPP) indican que en la Ciudad de México existen más de un millón 200 mil viviendas inscritas bajo el régimen condominal, de las cuales 80 mil se concentran en las unidades habitacionales. Se estima que ahí viven 3.5 millones de personas.

Para atender la problemática de las viviendas en conjunto, la Prosoc orienta y asesora a los vecinos para organizarse y nombrar un administrador, otorgándoles un registro que les permita ejercer dicha actividad durante un año.

La Prosoc se auxilia de la subprocuraduría de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio, a través de sus nueve Oficinas Desconcentradas, para dar atención en materia condominal. Este año se han recibido más de 5 mil quejas, la mayoría por fallas de los administradores condominales, la morosidad en el pago de cuotas de mantenimiento y la invasión de área comunes.

A este respecto, el titular del área, Juan de Dios Izquierdo Ortiz, comenta que la mayoría de los quejosos “ni siquiera están organizados y vienen con la idea de arreglar los conflictos con sanciones y multas”.

Actualmente, la institución tiene registrados mil 457 administradores profesionales y mil 549 condominales. Los primeros son contratados por los vecinos para garantizar la imparcialidad en las decisiones; en tanto que los segundos son los mismos condóminos quienes se ofrecen de manera voluntaria. En ambos casos, tienen la obligación de cumplir con la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.


La importancia de la cultura condominal

Izquierdo Ortiz comenta que el administrador es la punta del icebei’g en la problemática condominal, pero el verdadero problema lo constituyen todos los residentes porque no se involucran en la solución de los conflictos. “No les importa lo que ocurra de la puerta hacia afuera”.

Para revertir esta situación, es necesario impulsar la cultura condominal a través de charlas, talleres y cursos. “Deben conocer la importancia que tiene la asamblea general como el órgano máximo para tomar decisiones en la elección de sus representantes y otros acuerdos para el bien común”, agregó.

La conciliación, el arbitraje y la amigable composición son las herramientas para resolver los conflictos y restituir el tejido social en beneficio de la comunidad. A la fecha, el área a su cargo ha brindado 169 charlas, mil 149 cursos de capacitación, 17 mil 562 asesorías, 37 talleres sobre la Ley de Propiedad en Condominio y 83 talleres infantiles de convivencia solidaria.


El programa social RIPUH

Debido al deterioro en que se encuentra un gran número de unidades habitacionales, algunas de ellas construidas en la década de los 60 y otras a raíz de los sismos del 85, los programas sociales de la Prosoc se han convertido en un importante apoyo para el cuidado y mantenimiento de las áreas comunes. Los principales requisitos para obtenerlo es la participación y la organización vecinal.

En su primer año, la actual administración puso en marcha el programa Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales (RIPUH) con un fondo de 240 millones de pesos, con el propósito de apoyar a 2 mil 208 conjuntos de interés social, en beneficio de 80 mil unidades privativas y 300 mil habitantes.

A pocos días de concluir el ejercicio fiscal, el RIPUH ya tiene comprometido el 100 por ciento del recurso y por lo menos en 833 unidades habitacionales ya iniciaron las obras propuestas por los propios vecinos, informó el subdirector técnico de la coordinación de Programas Sociales, Enrico Emir Casas Soriano.


La defensa de los derechos ciudadanos

Los ciudadanos tienen derecho a un buen gobierno y el instrumento para exigirlo es la Prosoc. Con la Agencia de Digitalización e Innovación Pública (ADIP) se estableció el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUAC), una plataforma en donde la gente solicita un servicio a alguna dependencia. El tiempo de respuesta a cualquier petición es de cinco días, de no ocurrir así entonces interviene la Prosoc como el ombudsman (defensor del pueblo) administrativo.

El subprocurador de Defensa y Exigibilidad de los Derechos Ciudadanos, Enrique Valverde Galeana, señaló que a través de esta modalidad el ciudadano recibe una atención inmediata. “Al ingresar su solicitud le llega un número de folio (vía mensaje o correo electrónico), además el tiempo de respuesta es breve. En caso de no haber una solución o el seguimiento adecuado por parte de la autoridad competente, entonces nos corresponde darle seguimiento y apoyarlo”.

El solicitante ingresa su petición a través de las diversas plataformas (como la aplicación Alameda Central o por medio de redes sociales y páginas web institucionales), o bien, directamente en las alcaldías u otras áreas del Gobierno.


¿Cuál es el reto?

El deterioro social en la ciudad de México y en todas las regiones de país es el reflejo de lo que ocurre en los hogares, la falta de valores y el nulo respeto hacia nuestro entorno. En este contexto, la labor de la Procuraduría Social cobra mayor relevancia pues su política social está orientada a la pacificación de las unidades habitacionales y condominios, además de promover el interés colectivo por encima del individual. También requiere ser garante de los derechos ciudadanos en las colonias, barrios y alcaldías, para que tengan acceso a un buen gobierno como lo establece la Constitución Política de la Ciudad de México.